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Dos sindicatos denuncian presuntas irregularidades y anuncian la impugnación del convenio laboral del personal del Ayuntamiento de Lloret

La renovación del convenio colectivo del Ayuntamiento de Lloret de Mar, anunciada por el Gobierno municipal como un acuerdo histórico tras más de una década sin actualizarse, ha derivado en una importante controversia sindical. Los sindicatos SIP-FEPOL y la parte de CSIF que representa a los funcionarios han anunciado que impugnarán el acuerdo al considerar que el procedimiento seguido durante la última Mesa General de Negociación presenta presuntas irregularidades que, a su juicio, podrían afectar a la validez de la votación. La discrepancia, lejos de centrarse únicamente en el contenido del convenio, pone el foco en la forma en la que se desarrolló el proceso que desembocó en su aprobación.

Los sindicatos denuncian un procedimiento acelerado y con supuestas irregularidades

Según explican SIP-FEPOL y los representantes de funcionarios de CSIF, los hechos se remontan a los días previos a la celebración de la Mesa General. Denuncian que el martes 28 de julio se produjo una reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos UGT, Intersindical, USOC y representantes de los trabajadores laborales de CSIF, sin convocar ni a SIP-FEPOL ni a la representación de funcionarios de CSIF. Según sostienen, en ese encuentro se habría pactado una nueva propuesta con el objetivo de llevarla a votación apenas tres días después.

Los representantes críticos aseguran que esa nueva propuesta nunca fue presentada previamente al conjunto de los trabajadores municipales antes de ser sometida a votación. Además, denuncian que la convocatoria oficial de la Mesa General se remitió con únicamente 48 horas de antelación, concretamente el 29 de julio, y que el orden del día únicamente hacía referencia al seguimiento de las negociaciones, a la presentación de un informe jurídico y a una nueva propuesta, sin indicar expresamente que se procedería a una votación.

Otro de los aspectos que cuestionan es que la documentación necesaria para poder estudiar el contenido definitivo del acuerdo no fue remitida en tiempo ni forma, impidiendo, según sostienen, analizar adecuadamente un texto que tendría vigencia hasta el año 2031. Por este motivo consideran que existen motivos suficientes para solicitar la impugnación legal del acuerdo.

Una parte de CSIF y SIP-FEPOL abandonaron la Mesa Negociadora

Fuentes de la representación sindical de CSIF funcionarios han explicado a Lloret Gaceta que, cuando durante la sesión el Ayuntamiento anunció su intención de someter el documento a votación, tanto ellos como los representantes de SIP-FEPOL plantearon una cuestión de orden al considerar que el procedimiento no reunía las garantías necesarias. Tras solicitar que no se continuara con la votación y no ser atendida su petición, decidieron abandonar la Mesa Negociadora antes de que se produjera la votación.

Desde su punto de vista, la convocatoria no cumplía los requisitos necesarios para adoptar un acuerdo de esta trascendencia, ya que ni el contenido definitivo había podido estudiarse previamente ni el orden del día contemplaba expresamente la aprobación del convenio. Por ello, consideran que la votación carece de validez y anuncian que iniciarán un recurso en vía administrativa, sin descartar posteriormente acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si sus alegaciones no prosperan.

En cualquier caso, la existencia de esta discrepancia procedimental deberá ser ahora analizada por los servicios jurídicos competentes y, en su caso, por los órganos administrativos o judiciales correspondientes, ya que será ese procedimiento el que determine si la convocatoria y la votación se ajustaron o no a la normativa aplicable.

El Ayuntamiento defiende el acuerdo y habla de un amplio consenso

La posición del Gobierno municipal es completamente diferente. El Ayuntamiento informó el pasado 31 de julio de que, después de varios meses de negociaciones con los sindicatos CSIF, Intersindical, SIP-FEPOL, UGT y USOC, se había alcanzado un acuerdo para renovar el convenio colectivo municipal, que permanecerá vigente hasta el año 2031.

Según el comunicado municipal, la propuesta obtuvo el respaldo de una parte de CSIF, Intersindical, UGT y USOC, lo que permitió al Ejecutivo considerar que existía un «amplio consenso» entre la representación sindical. El Gobierno local destacó además que el nuevo convenio incorpora mejoras tanto económicas como sociales para la plantilla municipal.

El alcalde, Adrià Lamelas, agradeció públicamente la predisposición de las organizaciones sindicales que apoyaron el acuerdo y manifestó que el nuevo marco laboral supone un reconocimiento al compromiso y al trabajo diario de los empleados públicos con Lloret de Mar y con el servicio que prestan a la ciudadanía.

Por su parte, el concejal responsable de la negociación, Alejandro Pérez, también puso en valor el trabajo realizado durante estos meses por los servicios económicos, jurídicos y de Recursos Humanos del Ayuntamiento en la elaboración de la propuesta finalmente aprobada.

Las dudas también alcanzan al contenido del convenio

Más allá del procedimiento utilizado para aprobar el acuerdo, SIP-FEPOL y la representación de funcionarios de CSIF también expresan reservas sobre el contenido del nuevo convenio. Según explican, algunas de las mejoras económicas previstas para los próximos años estarían condicionadas a factores como los límites legales de la masa salarial, la futura aprobación de un reglamento de productividad o una posterior valoración de los puestos de trabajo.

Por ello consideran que, en estos momentos, no puede garantizarse con precisión cuál será el incremento salarial efectivo que recibirá cada trabajador. Asimismo, afirman que durante las negociaciones se habían planteado otras reivindicaciones relacionadas con permisos, derechos sociales, ayudas, organización interna y condiciones laborales de determinados colectivos municipales que, a su juicio, no habrían quedado plenamente resueltas.

Los representantes sindicales entienden que la firma de un convenio con vigencia hasta 2031 podría cerrar formalmente el proceso negociador sin haber dado respuesta a una parte importante de esas demandas. Además, recuerdan que el acuerdo todavía deberá superar los trámites administrativos correspondientes y ser aprobado por el Pleno municipal antes de culminar todo el procedimiento.

Una controversia que pasa ahora al terreno jurídico

Mientras el Ayuntamiento presenta el acuerdo como el final de un largo periodo sin renovar el convenio colectivo municipal, SIP-FEPOL y la representación de funcionarios de CSIF mantienen que todavía queda recorrido administrativo y judicial por delante. Ambos sindicatos sostienen que las presuntas irregularidades detectadas durante la convocatoria y la celebración de la Mesa General deberán ser analizadas por los órganos competentes antes de poder considerar definitivamente válido el acuerdo.

El comunicado difundido por el Ayuntamiento no hace referencia a las objeciones procedimentales planteadas por los representantes que abandonaron la sesión ni menciona la intención anunciada por estos sindicatos de impugnar el resultado. La controversia queda ahora abierta y serán los correspondientes procedimientos administrativos y, si fuera necesario, judiciales, los que determinen si la renovación del convenio se ajustó plenamente a la legalidad o si debe revisarse el proceso seguido para su aprobación.

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Columna de opinión de Carles Aros Sánchez (Inspector de Policía Local de Lloret de Mar, retirado):

LLORET DE MAR, Cuando el consenso desaparece, ya no hablamos de negociación: hablamos de imposición

Las informaciones que han trascendido estos días sobre el proceso seguido para intentar validar determinados acuerdos laborales en la Policía Local de Lloret de Mar merecen una profunda reflexión.

Si realmente se han producido votaciones sin el quórum exigible, si las actas no reflejan fielmente la realidad de los hechos o si se ha intentado presentar como consenso lo que no era más que una imposición, no estaríamos ante un simple defecto procedimental. Estaríamos ante una forma de entender las relaciones laborales absolutamente incompatible con un Estado de Derecho.

Los convenios colectivos y los acuerdos sobre las condiciones de trabajo no son una concesión graciosa de la Administración, sino el resultado de un proceso de negociación entre partes que deben actuar con buena fe, transparencia y respeto mutuo.

Cuando desaparece el diálogo y se pretende sustituir el consenso por la fuerza de la jerarquía, lo que se rompe no es solo una negociación: se rompe la confianza institucional.

Resulta especialmente preocupante que, en cualquier administración pública, pueda llegar a confundirse la potestad de organización con el derecho a imponer unilateralmente condiciones laborales. La ley reconoce a la Administración facultades de dirección, pero esas facultades no legitiman ignorar los mecanismos de representación de los trabajadores ni convertir una votación discutida en una apariencia de legitimidad.

El respeto al procedimiento no es una formalidad burocrática. Es la garantía de que las decisiones son legítimas.

Por ello, si existen dudas sobre el quórum, la validez de la votación, el contenido de las actas o la forma en que se han desarrollado las negociaciones, el camino no es maquillar la realidad ni construir relatos interesados. El camino es mucho más sencillo: repetir el procedimiento con todas las garantías legales.

Sorprende que todavía haya quien piense que un conflicto laboral se resuelve presionando a la plantilla, buscando atajos procedimentales o intentando obtener una fotografía de aparente normalidad.

La legitimidad no se consigue por decreto.

La representación de los trabajadores no se esquiva con interpretaciones oportunistas.

Y el consenso no se fabrica en un despacho.

Los acuerdos impuestos pueden obtener una firma.

Los acuerdos negociados consiguen algo mucho más importante: credibilidad, estabilidad y respeto.

Porque la diferencia entre una administración moderna y una administración anclada en el pasado es muy sencilla:

Los convenios se negocian. Los consensos se construyen. La legalidad se respeta. Las imposiciones, tarde o temprano, acaban ante los tribunales.

Carles Aros Sánchez
Inspector de Policía Local (retirado)

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Un comentario

  1. A mi me gustaria saber que pinta usted señor Aros en todo esto?

    No para de criticar, y usted ni trabaja en el Ayuntamiento ni en la Policia.

    Que interes tiene en todo esto?

    Vayase a llar de jubilats a tomar algo o a hacer un menu anda, que tiene mucho tiempo libre para escribir tonterias.

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By By Acerko