Tras finalizar el periodo de gracia (adaptación) concedido a las empresas, la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario ya está plenamente en vigor. Restaurantes, supermercados y otros agentes de la cadena alimentaria comienzan a aplicar nuevas obligaciones destinadas a reducir de forma significativa el desperdicio de alimentos en España.
Fin del periodo de adaptación: cambios obligatorios en la gestión de alimentos
Desde ahora, los establecimientos (según la escala por metros) deben aplicar una jerarquía de prioridades en la gestión de sus excedentes alimentarios. Esto implica que, antes de desechar comida, deberán priorizar su aprovechamiento para consumo humano mediante donaciones, transformación o, en última instancia, su uso para alimentación animal o compostaje.
Restaurantes y supermercados: nuevas reglas para el día a día
Una de las medidas más visibles afecta directamente a la hostelería: los clientes podrán llevarse la comida no consumida en un envase sin coste adicional. Además, los restaurantes están obligados a informar de forma clara y visible sobre esta posibilidad en sus cartas o menús.
En el caso de los supermercados, la norma impulsa la venta de productos con fecha de caducidad próxima y refuerza la obligación de fomentar acuerdos para la donación de alimentos a entidades sociales cuando sea viable.
Objetivos, sanciones y debate en el sector
La ley establece sanciones que van desde los 2.000 euros hasta los 500.000 euros en los casos más graves o de reincidencia. El objetivo marcado es reducir un 50% el desperdicio alimentario en el comercio minorista y un 20% en las pérdidas de la cadena de producción antes de 2030.
La ONG Enraíza Derechos destaca que la normativa ha ayudado a dar visibilidad al problema, aunque advierte de que aún existen dificultades para medir con precisión el desperdicio real en el sector alimentario.
Marc Linares, presidente del Gremio de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Lloret de Mar, explica la situación del sector:
“En Cataluña, desde 2020 es obligatorio que los establecimientos entreguemos la comida que sobra a los clientes si lo solicitan. De hecho, desde la Federación de Hostelería de Girona conseguimos que los bufés quedaran excluidos de la ley catalana (la normativa española no lo ha contemplado nunca).”
“Respecto a los planes de desperdicio, de momento todo está en standby porque ni la normativa catalana ha desarrollado ningún decreto ni tampoco la española. Aun así, según la normativa española, es obligatorio para las empresas que no entran dentro de las excepciones.”
“El posicionamiento del gremio es que no puede ser que tengamos dos normativas para el mismo ámbito que no contemplen lo mismo. Por ejemplo, en Catalunya se permitía que las asociaciones pudieran elaborar un plan de desperdicio y que las empresas se adhirieran a él, pero la normativa española no lo contempla. Todo esto es un despropósito y, de momento, somos los empresarios los que acabamos ‘pagando el pato’.”
Opinión de restauradores y clientes: visión dividida
Desde Lloret Gaceta hemos realizado una pequeña encuesta a 10 restaurantes y 10 clientes, con opiniones muy variadas:
Restauradores a favor: consideran la ley positiva porque ayuda a reducir el desperdicio y mejora la conciencia social.
Restauradores críticos: advierten del aumento de costes y de la carga administrativa que supone la nueva normativa.
Clientes favorables: valoran poder llevarse la comida sobrante sin coste y ven la medida como un avance lógico.
Clientes escépticos: creen que la ley llega tarde y que no soluciona el problema del desperdicio en origen.
Un cambio estructural en el consumo de alimentos
La nueva normativa no solo busca regular, sino también transformar hábitos. Con medidas centradas en la prevención, la donación y la reutilización, el objetivo es reducir el impacto ambiental y económico del desperdicio alimentario en toda la cadena de producción y consumo en España.
