15.289 denuncias por intrusión en inmuebles registradas en 2023
Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 denuncias por intrusión en inmuebles, de las cuales 6.258 (40,9 %) ocurrieron en Cataluña. Entre 2018 y 2023, el fenómeno de la okupación de viviendas alcanzó un total de 90.954 casos, consolidándose como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Este fenómeno pone en riesgo los hogares y bienes de las personas, exponiéndolas a situaciones de desamparo frente a quienes actúan al margen de la ley.
La vivienda representa la mayor inversión en la vida de cualquier ciudadano, fruto de años de trabajo y ahorro para garantizar un hogar propio. En este contexto, el artículo 47 de la Constitución Española establece:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”
A pesar de esta disposición, parece que el Gobierno actual y sus socios han interpretado que no son ellos quienes deben garantizar este derecho, sino que las viviendas privadas pueden ser objeto de okupación como solución a la escasez de vivienda social. Este enfoque deja desprotegidos a los propietarios, quienes, además de ver sus derechos vulnerados, se ven obligados a cubrir los suministros básicos (agua, luz, teléfono) que los okupas utilizan de manera gratuita.
La situación, además de grave, resulta paradójica: ¿cómo es posible que los okupas estén protegidos por la ley mientras los propietarios legítimos pierden sus derechos y, en ocasiones, sean tratados como malhechores si intentan recuperar sus inmuebles? Esta indefinición legal y la falta de acción contundente por parte del Gobierno responden, en parte, a las divisiones internas y a la dependencia de socios políticos que no están de acuerdo en actuar contra la okupación.
Nueva ley “antiokupas”
El pasado 14 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar los desahucios en casos de usurpación de viviendas y allanamiento de morada. Aunque esta reforma representa un avance, es llamativo que partidos como PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaran en contra, dejando en evidencia su aparente apoyo implícito a la okupación y su falta de protección hacia los propietarios. Por otro lado, la abstención de VOX generó sorpresa, al no respaldar una medida que refuerza la defensa de la propiedad privada.
La nueva ley ‘antiokupas’, incluida en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, actualmente se encuentra en trámite en el Senado. Este órgano tiene hasta dos meses para debatirla (máximo 14 de enero 2025), aunque no se espera que sea modificada debido a la mayoría absoluta del PP. Una vez promulgada y ordenada la publicación de la ley por el Rey y publicada en el BOE, entraría en vigor en un plazo máximo de 20 días (máximo 4 de febrero 2025).
Cambios principales:
La ley establece juicios rápidos para casos de usurpación o allanamiento, con resoluciones en un máximo de 15 días. Actualmente, los desahucios tardan entre 4 y 9 meses en el 80 % de los casos.
Comparativa con Europa:
En países como Francia, Alemania o Reino Unido, los desalojos son más ágiles y las penas más severas, con procesos que se resuelven en 24 a 48 horas y multas o penas de prisión significativas. Italia tiene un modelo similar al que implementará España, con juicios rápidos y penas de hasta dos años de cárcel. De concretarse, sería un paso significativo para garantizar una protección más efectiva de los derechos de los propietarios, abordando un problema que afecta a miles de familias y exige una respuesta clara y contundente por parte de las instituciones.
En España, el Gobierno, hasta ahora, no ha logrado ofrecer soluciones efectivas para frenar este fenómeno. Aunque existen leyes, su aplicación es lenta y poco contundente, dejando a los propietarios desamparados y perpetuando una sensación de impunidad. En muchos casos, las autoridades actúan con lentitud o parecen respaldar una visión permisiva que favorece a los okupas, lo cual no solo es injusto para los afectados, sino que también envía un mensaje preocupante de falta de autoridad y control.
En conclusión, la okupación representa un problema serio que trasciende lo legal: es una cuestión de principios y de justicia social. Es imprescindible proteger de forma firme y efectiva los intereses de los propietarios. El Gobierno debe actuar con determinación para garantizar el orden, la seguridad y el respeto a la propiedad privada. De no hacerlo, continuaremos enfrentando un círculo vicioso que agravará aún más los problemas sociales y económicos de las comunidades.
