- El conflicto por las horas extraordinarias obligatorias en la Policía Local de Lloret de Mar ha dado un nuevo giro tras el decreto firmado por el alcalde, Adrià Lamelas, que obliga a los agentes a realizar servicios extraordinarios hasta el 31 de agosto cuando la Jefatura lo considere necesario. El gobierno municipal justifica la medida por la elevada ocupación turística, el aumento de las bajas médicas y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, mientras que los sindicatos CSIF y SIP-FEPOL sostienen que el decreto podría ser irregular al no existir una situación de emergencia que lo ampare y han trasladado el caso a sus servicios jurídicos. A raíz de esta controversia, el inspector de Policía Local jubilado Carles Aros ha elaborado un análisis jurídico en el que cuestiona la legalidad de la medida y expone los argumentos que, a su juicio, ponen en duda la validez del decreto.
Columnas | Lloret de Mar bajo sospecha: el decreto de horas extras enciende el debate jurídico
El Decreto de Alcaldía 3944/2026 y las órdenes internas 17 y 18/2026 han abierto una fuerte polémica en Lloret de Mar. Diversos expertos apuntan a posibles irregularidades graves, especialmente por la imposición generalizada de horas extraordinarias a la Policía Local y otros servicios. El punto clave es que la situación invocada —el aumento estival de población— es previsible y recurrente, lo que cuestiona su calificación como emergencia.
Según la doctrina del Tribunal Supremo sobre proporcionalidad y motivación de los actos administrativos, una medida restrictiva de derechos debe ser excepcional y estar debidamente justificada. En este caso, se denuncia una posible falta de motivación concreta y el uso de un déficit estructural de plantilla como si se tratara de una urgencia puntual.
Además, la referencia a la sentencia de Logroño contrasta con resoluciones como la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada (2025), que anuló un decreto similar por falta de justificación. Esta contradicción refuerza las dudas sobre la legalidad del decreto.
También se cuestiona la competencia de la Jefatura para alterar las condiciones laborales sin negociación colectiva, hecho que podría vulnerar el TREBEP.
En conjunto, el caso apunta a una posible desviación de poder y a una aplicación extensiva de la jerarquía administrativa más allá de los límites legales.
Carles AROS
Inspector de Policía Local de Lloret de Mar jubilado
ANTECEDENTES
- Carta de Carles Aros con fecha 18 de julio
CUANDO EL JEFE CONFUNDE EL DESPACHO DE MANDO CON UNA TRIBUNA POLÍTICA
Hay momentos en los que el silencio institucional resulta más digno que una intervención desafortunada.
En plena negociación del convenio del Ayuntamiento de Lloret de Mar, el papel del Jefe de la Policía Local no es actuar como portavoz de la Corporación ni defender públicamente las tesis de la patronal ante su propia plantilla. Su función es otra: asesorar técnicamente al gobierno municipal, garantizar la correcta prestación del servicio y velar por los derechos, la cohesión y la profesionalidad del cuerpo policial.
Cuando un mando aprovecha una asamblea sindical para ensalzarse a sí mismo, posicionarse políticamente o intentar justificar las decisiones del Ayuntamiento, deja de hablar como mando policial y asume un papel que ni le corresponde funcionalmente ni refuerza la confianza de sus profesionales.
La neutralidad institucional no es una opción; es una exigencia derivada de los principios de objetividad, imparcialidad y servicio al interés general que deben presidir cualquier actuación de los empleados públicos, y más aún de quienes ejercen funciones de dirección.
Un Jefe respetado no es aquel que agrada al gobierno de turno, sino aquel que es capaz de decirle lo que necesita escuchar, aunque resulte incómodo. La lealtad institucional nunca debe convertirse en sumisión.
La plantilla necesita un líder, no un portavoz. Necesita criterio técnico, no discursos de autobombo. Necesita a alguien que defienda el modelo policial, la dignidad profesional y unas condiciones de trabajo justas, no que haga de altavoz de una posición negociadora que corresponde exclusivamente a los responsables políticos y a los servicios de recursos humanos.
Cuando el mando se preocupa más por agradar al poder que por representar a su organización, deja de liderar y comienza a perder autoridad. Y esa es una factura que, tarde o temprano, acaba pagando toda la plantilla.
