Can Buc es una masía datada del siglo XVIII, con reformas posteriores. Actualmente está “deshabitada” , ya que el techo está medio hundido y el estado de conservación de la casa es muy deficiente. Forma parte de los terrenos municipales con Superficie de 49.316 m2 ,conocidos como el Parc Turó d’en Buc, con parque infantil, zonas verdes y zona de picnic.
La masia que preside el Parc Turó D’en Buc colindante al vecindario del Rieral en Lloret de Mar, es desde hace meses una edificación ocupada por un grupo de personas, con intención de vivir a coste 0. La ocupación nunca es bienvenida entre los vecinos y vecinas, que seguro se alegraron ayer, viendo como en el pleno municipal se volvió a hablarse del futuro geriátrico en los terrenos mencionados, pareciendo esta vez, que podría llegar en breve una propuesta definitiva con el apoyo del gobierno local (Junts per Lloret, ERC y los cuatro concejales no adscritos) y de la concejala de Força Lloret, Lluïsa Baltrons.
Trabajan con una idea de 88 plazas públicas, sumando las 48 nuevas acordadas en el último protocolo con la Generalitat, las 16 existentes actualmente y las 24 del Asilo de la Fundación Nicolau Font. El pleno aprobó ayer el estudio de viabilidad económica para el edificio, con una inversión superior a 12 millones de euros y sujeto a la concesión durante 40 años, con 48 plazas más privadas. La previsión es que, adjudicada la obra, esté en marcha en un máximo de tres años, con una aportación municipal de 700.000 euros, también para sostener el centro de día previsto.
En los terrenos de Can Buc, adquiridos por el municipio en 2008, también habría una reserva de suelo para trasladar, más adelante, un sociosanitario.
El hecho de que se mantenga la idea de sacar el equipamiento a concesión privada alejó a otros grupos de la oposición del consenso que habían exhibido al aprobar, por unanimidad, la integración en la empresa pública de la Diputación. Desde Cs, Jordi Hernández se abstuvo por las “dudas” que le generan algunos aspectos. Y Francisco Pastor (PSC) se opuso al hecho de que se opte por la gestión privada y los datos del estudio daten de 2017 y 2018. El concejal de Ciudadanía, Jordi Sais, argumentó que el encargo se hizo en el 2019.
