La movilización del profesorado catalán suma un nuevo capítulo este martes 9 de junio con una protesta que promete tener un importante impacto en Barcelona. Entre las acciones organizadas para facilitar la participación destaca la puesta en marcha de un autobús desde Olot, Figueres, Girona, Palafrugell y Lloret de Mar, una de las localidades incluidas en el dispositivo impulsado por el sindicato Ustec para trasladar docentes de diferentes puntos de las comarcas de Girona hasta la capital catalana. La convocatoria llega en un momento especialmente tenso para el sector educativo, después de que una amplia mayoría de profesores rechazara en consulta el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y el Departament d’Educació.
La manifestación tendrá además una circunstancia singular: coincidirá con la llegada del papa León XIV a Barcelona. Los carteles difundidos por la organización juegan precisamente con esa coincidencia, mostrando al pontífice con la conocida camiseta amarilla reivindicativa del movimiento docente y animando a los participantes a “colapsar Barcelona”. La previsión de una elevada afluencia de personas y los actos vinculados a la visita papal han llevado incluso a la Generalitat a recomendar el teletrabajo durante martes y miércoles a quienes puedan acogerse a esta modalidad.
Las personas interesadas deben inscribirse previamente mediante un formulario habilitado por la organización. El transporte será gratuito para los afiliados al sindicato, mientras que el resto de participantes deberán asumir un coste de entre 10 y 15 euros por el viaje de ida y vuelta, dependiendo del punto de salida elegido.
Para inscribirse…
El rechazo masivo al preacuerdo
La convocatoria de esta nueva jornada de movilización llega apenas unos días después de conocerse el resultado de la consulta organizada entre el profesorado. Más del 65% de los docentes participantes votó en contra del preacuerdo firmado entre las organizaciones sindicales mayoritarias y el Departament d’Educació. La participación fue muy elevada y el resultado ha sido interpretado como una señal clara del malestar existente en una parte importante de las escuelas e institutos catalanes.
Entre los argumentos más repetidos por quienes rechazaron el pacto figura la percepción de que las medidas acordadas son insuficientes para resolver los problemas estructurales de la educación pública. Aunque el documento contemplaba un incremento salarial de unos 450 euros y la incorporación progresiva de nuevos profesionales para reforzar la escuela inclusiva, muchos docentes consideran que estas mejoras no tendrán un efecto real e inmediato sobre las dificultades que afrontan diariamente en las aulas. El mensaje lanzado por las urnas internas es que la crisis educativa va mucho más allá de una cuestión salarial y que siguen pendientes soluciones de fondo para mejorar las condiciones de trabajo y la atención al alumnado.
La situación del personal educativo, otro foco de conflicto
Uno de los aspectos que más críticas ha generado es que el acuerdo no incluya al denominado Personal de Atención Educativa (PAE), formado por perfiles como técnicos de educación especial, integradores sociales o profesionales de apoyo a la inclusión. Diversos sectores educativos consideran que estos trabajadores desempeñan una labor esencial con el alumnado más vulnerable y denuncian que continúan soportando situaciones de precariedad laboral que no han sido abordadas en el pacto.
Las críticas también alcanzan a los profesionales de la etapa de 0 a 3 años, otro colectivo que quedó fuera del acuerdo y que ha participado activamente en las movilizaciones de los últimos meses. Desde numerosos centros educativos se insiste en que cualquier mejora del sistema debe contemplar a todos los profesionales que forman parte de la comunidad educativa y no únicamente a un sector concreto.
Sindicatos, familias y direcciones mantienen las diferencias
El debate tampoco se limita al ámbito sindical. Entidades que representan a las familias han reclamado avances concretos en cuestiones como la inclusión educativa, la adaptación climática de los centros, la gratuidad de determinados servicios o una mejor planificación de la oferta pública. Al mismo tiempo, parte de las direcciones de escuelas e institutos han mostrado su preocupación por algunas medidas vinculadas a la organización de los centros y la selección de profesorado, al considerar que podrían afectar a determinados proyectos educativos.
Mientras tanto, sindicatos y colectivos docentes que se opusieron al preacuerdo mantienen la presión sobre la administración y han dejado claro que las movilizaciones continuarán. La protesta prevista en Barcelona para este martes 9 de junio se presenta así como una nueva demostración de fuerza de un movimiento que considera que las reivindicaciones de la educación pública catalana siguen lejos de estar resueltas. Y en esa movilización, Lloret de Mar volverá a estar presente con un autobús organizado para facilitar que los docentes de la zona puedan sumarse a una jornada que promete ser una de las más multitudinarias de los últimos meses.
