Más de cinco horas de intervenciones, debates y reproches dejaron el pleno de este lunes 26 de octubre especialmente intenso en el Ayuntamiento de Lloret de Mar. La sesión ordinaria de septiembre de 2026 terminó con dos propuestas retiradas antes de llegar a votación, el rechazo al convenio para avanzar en la apertura del camino de ronda entre Cala Morisca y Cala Canyelles y nuevas críticas de la oposición por la situación de la Policía Local. En medio de los desacuerdos, la climatización de las escuelas públicas consiguió reunir el apoyo de los 21 concejales.
La ordenanza de transparencia y el proyecto urbanístico de Lloret Blau quedaron nuevamente pendientes después de que el alcalde, Adrià Lamelas, decidiera retirarlos ante las discrepancias surgidas durante el debate. El convenio del camino de ronda sí llegó a votarse y fue rechazado por 13 votos frente a 8.
La ordenanza de transparencia vuelve a quedar pendiente
Uno de los primeros enfrentamientos políticos se produjo con la ordenanza de transparencia y administración electrónica. Lamelas anunció la retirada del punto después de que Esquerra Republicana presentara una enmienda que proponía incorporar la obligación de rectificar informaciones incorrectas difundidas desde los canales institucionales.
El alcalde defendió la necesidad de estudiar la propuesta con mayor profundidad y consultar previamente al área municipal de comunicación. La oposición cuestionó que la normativa volviera a quedarse sin votar después de haber quedado pendiente anteriormente.
Desde ERC, Albert Ferrández defendió que las redes sociales municipales deben informar con rigor y evitar convertirse en instrumentos de propaganda. Albert Robert, de Tots per Lloret, también criticó la retirada, mientras que desde Junts se insistió en diferenciar claramente los canales institucionales de las cuentas personales de los representantes políticos.
Las diferencias llegaron incluso al propio gobierno. Frederic Guich, concejal de Comuns y socio del PSC, lamentó que las discrepancias relacionadas con la comunicación estuvieran retrasando una normativa que considera necesaria para el municipio. La concejala Rodríguez sostuvo, por su parte, que la enmienda de ERC no correspondía al contenido de una ordenanza centrada en la administración electrónica.
Lloret Blau también se retira ante la falta de consenso
El segundo expediente que no llegó a votarse fue el relacionado con Lloret Blau. El gobierno proponía modificar el sistema de gestión urbanística del ámbito para facilitar actuaciones destinadas a solucionar problemas pendientes en la red de saneamiento.
La propuesta se enmarcaba en una estrategia municipal para abordar deficiencias existentes también en otras urbanizaciones como Serra Brava y La Riviera. Sin embargo, varios grupos reclamaron mayor información y participación de los propietarios antes de continuar con el procedimiento.
Entre las dudas planteadas figuraban las actuaciones concretas que deberían ejecutarse, su coste y la repercusión económica que podrían tener sobre las propiedades afectadas. Lamelas defendió que el gobierno trataba de resolver una problemática arrastrada durante años, pero terminó retirando el punto ante la falta de apoyos suficientes.
El camino de ronda cae por 13 votos contra 8
Uno de los resultados más relevantes de la noche llegó con el convenio previsto para el camino de ronda entre Cala Morisca y Cala Canyelles. El gobierno proponía un acuerdo urbanístico con la empresa Finder Data para establecer las condiciones y trabajos necesarios para abrir este tramo al público.
Durante el debate se recordó que la titularidad pública del camino ya había sido reconocida mediante resoluciones judiciales firmes. La discusión se centró por tanto en la manera de ejecutar su apertura y en las garantías incluidas en el convenio.
Parte de la oposición planteó dudas sobre qué ocurriría en caso de incumplimiento, quién asumiría determinadas actuaciones y cuáles serían posteriormente las obligaciones de mantenimiento. El alcalde defendió el acuerdo como una fórmula para desbloquear una situación prolongada durante años sin que el Ayuntamiento asumiera directamente el coste de las obras contempladas.
La propuesta no consiguió los apoyos necesarios y terminó rechazada por 13 votos en contra y 8 a favor. La titularidad pública continúa reconocida, pero la ejecución de la apertura de este tramo sigue pendiente.
El pleno aprueba el acuerdo laboral 2026-2031, pero los sindicatos policiales anuncian que lo impugnarán
Uno de los asuntos más destacados del pleno municipal de Lloret de Mar del 26 de octubre fue la aprobación del nuevo acuerdo laboral para el periodo 2026-2031, que regula las condiciones comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento.
El acuerdo, correspondiente al punto 7 del orden del día, salió adelante con los votos favorables del PSC y Comuns, mientras que Vox y Sumem Lloret votaron en contra. Por su parte, Junts, Tots per Lloret y Esquerra Republicana optaron por la abstención.
Sin embargo, la aprobación no ha servido para cerrar las discrepancias con una parte de la representación sindical de la Policía Local.
Los sindicatos CSIF y SIP-FEPOL han expresado su rechazo al procedimiento de negociación y al contenido del documento, y han anunciado su intención de impugnarlo al considerar que las mejoras económicas previstas para los próximos años no están suficientemente garantizadas.
Los representantes sindicales Òscar García y Gabriel Romero sostienen que las negociaciones comenzaron entre marzo y abril y que, a finales de julio, existía una propuesta que consideraban aceptable en buena parte de su contenido.
El principal punto de desacuerdo, según explican, es que únicamente estaría garantizado el incremento salarial correspondiente a 2026, mientras que las mejoras previstas para los años posteriores quedarían condicionadas a los límites legales de la masa salarial.
Los sindicatos también cuestionan que algunas de las medidas económicas dependan de la elaboración de un futuro reglamento de productividad y de una valoración de los puestos de trabajo que todavía estaría pendiente.
Por este motivo, consideran que el acuerdo no ofrece garantías suficientes sobre las retribuciones que percibirán los trabajadores durante el periodo comprendido entre 2027 y 2031.
Una alternativa salarial que, según los sindicatos, no fue incorporada
Durante las negociaciones, los representantes policiales plantearon una fórmula alternativa basada en el complemento de productividad.
Según su versión, encargaron un informe externo a un catedrático de Derecho Administrativo para analizar la viabilidad jurídica de esta propuesta.
Los sindicatos sostienen que el informe avalaba la legalidad de la fórmula y concluía que podía aplicarse sin afectar a los límites de la masa salarial.
Sin embargo, aseguran que el Ayuntamiento no incorporó esta alternativa y terminó alcanzando un acuerdo con otras organizaciones sindicales.
Òscar García ha calificado el procedimiento de «viciado desde el origen», mientras que los representantes sindicales consideran que las mejoras futuras anunciadas dependen de condiciones que todavía deben concretarse.
Los sindicatos recuerdan, además, que llevan años reclamando una actualización de las retribuciones policiales, que, según afirman, no se revisan adecuadamente desde hace aproximadamente quince años.
Tras la aprobación del acuerdo, CSIF y SIP-FEPOL mantienen su intención de impugnarlo.
La posición de ambas organizaciones constituye una denuncia sindical sobre el procedimiento y las garantías del documento, pero no significa que se haya acreditado judicialmente ninguna irregularidad.
De este modo, el Ayuntamiento ha conseguido aprobar el nuevo marco laboral para los próximos seis años, aunque el conflicto con una parte de los representantes de la Policía Local continúa abierto.
La aplicación de las mejoras económicas, el desarrollo del reglamento de productividad y la valoración de los puestos de trabajo serán algunas de las cuestiones que marcarán los próximos pasos.
Los 21 concejales se ponen de acuerdo para actuar en las escuelas
El principal consenso de la sesión llegó con la climatización de los centros educativos. Una moción presentada por Sumem Lloret recibió el respaldo de todos los grupos para destinar los 501.200 euros del programa RAM de la Generalitat a actuaciones de eficiencia energética y mejora térmica en las escuelas públicas.
La iniciativa pretende responder a las elevadas temperaturas que soportan alumnos y profesores durante los meses más calurosos y mejorar también las condiciones durante el invierno. Durante el debate se planteó la necesidad de estudiar individualmente cada edificio, establecer prioridades y valorar si los fondos recibidos deberán complementarse con recursos municipales.
Hubo discrepancias sobre el trabajo desarrollado hasta ahora y sobre el impulso de las medidas, pero la votación terminó con los 21 concejales a favor y ninguna abstención ni voto en contra.
Más de medio millón para las escuelas y nuevas partidas municipales
La sesión permitió conocer también diferentes modificaciones presupuestarias. Además de los 501.200 euros para los centros educativos, se comunicaron 229.962 euros para actuaciones relacionadas con el alcantarillado, 60.500 euros para adquirir vehículos municipales una vez finalizados sus contratos de alquiler y 35.000 euros para maquinaria destinada al mantenimiento de parques y jardines.
También se contemplaron 30.000 euros para defensa jurídica del Ayuntamiento, 31.000 euros para una modificación del contrato de informadores vinculado a la Policía Local y nuevas dotaciones relacionadas con bienestar, familia y salud pública.
En comunicación municipal se expuso una ampliación de 20.000 euros para servicios de grabación de cuñas y otros 10.000 euros destinados a equipamiento.
El pleno abordó igualmente la revisión de precios de los contratos de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. Según las cifras expuestas durante la sesión, la empresa concesionaria debía abonar al Ayuntamiento 12.900 euros por la regularización correspondiente a 2025 y otros 8.600 euros por los primeros ocho meses de 2026. Los puntos fueron aprobados con 19 votos favorables y dos abstenciones.
Cambios urbanísticos y gestión de los espacios naturales
El pleno también avanzó en la reorganización de la gestión forestal con los trámites relacionados con la disolución del Consorci d’Ardenya-Cadiretes y la incorporación de Lloret a una nueva estructura vinculada al Consorci de les Gavarres y Ardenya-Cadiretes.
La propuesta se planteó como una manera de mejorar la capacidad técnica, administrativa y económica para gestionar los espacios naturales, mantener caminos, actuar sobre la vegetación y reforzar la prevención de incendios.
En materia urbanística se aprobó provisionalmente una modificación del POUM para corregir 23 errores materiales y de alineaciones detectados en distintos planos. Algunas de estas discrepancias procedían de la elaboración del planeamiento entre 2004 y 2007 y de actuaciones posteriores que no habían quedado correctamente reflejadas.
También se abordó la adquisición mediante acuerdo de un terreno situado entre las calles Costa de la Fàbrica, Migdia y el entorno de la antigua bodega Caracol, con la intención de destinarlo a zona verde y mejorar este sector del casco antiguo.
El pleno dejó escenarios muy diferentes para el gobierno de Adrià Lamelas. El ejecutivo pudo sacar adelante diferentes acuerdos económicos, administrativos y de gestión, pero retiró dos de los asuntos que generaban mayores discrepancias antes de someterlos a votación y perdió el convenio relacionado con el camino de ronda.
En el otro extremo estuvo la climatización de las escuelas, capaz de reunir a todos los grupos municipales en una misma votación. La Policía Local volvió además a ocupar una parte importante del debate, con una oposición que mantiene abiertas sus preguntas sobre el conflicto laboral, los acuerdos anunciados y el funcionamiento del servicio.
La sesión volvió a poner de manifiesto el peso que tendrán las negociaciones entre los diferentes grupos para sacar adelante los próximos proyectos municipales.
