El debate sobre el futuro de las viviendas de uso turístico (HUT) continúa generando preocupación entre los profesionales y pequeños negocios vinculados al sector. El «Movimiento de Trabajadores por el Alquiler Turístico» defiende que esta actividad tiene un peso importante dentro de la economía local y reclama que cualquier regulación tenga en cuenta también a los trabajadores, autónomos y empresas que dependen de ella.
Hablamos con Guillem Laporta, portavoz del movimiento, que pone el foco en la situación específica de Lloret y en las consecuencias que, según sus estimaciones, podría tener el Decreto ley 3/2023.
¿Cuántos trabajadores y negocios de Lloret de Mar dependen actualmente, directa o indirectamente, de los apartamentos turísticos?
Según nuestras estimaciones, elaboradas a partir de una muestra de gestores de viviendas de uso turístico, en Lloret de Mar unas 750 personas trabajan directamente vinculadas a esta actividad. Hablamos de personal de limpieza y mantenimiento, atención al viajero, gestión de los alojamientos, contratación de servicios y tareas administrativas.
Si añadimos el empleo indirecto, estimamos que hasta 3.000 personas dependen de esta actividad, en sectores como el comercio, las lavanderías, la restauración, el transporte u otros servicios locales.
¿Qué impacto prevéis que tendrá la eliminación de las viviendas de uso turístico en 2028 sobre los trabajadores del sector y las empresas locales?
Lloret de Mar es, actualmente, una de las excepciones entre los municipios catalanes afectados por el Decreto ley que prevé la eliminación de los HUT en Cataluña. En primer lugar, porque es un municipio turístico importante pero con una población permanente elevada, lo que sitúa el número actual de HUT por debajo del límite de 10 viviendas por cada 100 habitantes que establece la norma. Actualmente, Lloret se sitúa alrededor del 8,5 %.
En segundo lugar, porque el planeamiento municipal ya había establecido un límite del 10 %, coincidente con el que posteriormente ha fijado el Decreto ley. Por tanto, si no cambian las circunstancias, Lloret no estaría obligado a reducir significativamente el número actual de HUT, aunque el Ayuntamiento conserva capacidad para reducirlos.
La situación es diferente en otros municipios turísticos, donde sí podría producirse una reducción importante y, por tanto, un impacto laboral más severo.
¿Qué creéis que debería pasar con los trabajadores que actualmente viven de la gestión, limpieza, mantenimiento u otros servicios vinculados a los apartamentos turísticos?
En Lloret, afortunadamente, el impacto previsto es escaso. Pero en otros municipios puede ser muy grave. Según nuestras estimaciones, hasta 35.000 puestos de trabajo directos podrían verse afectados en Cataluña, y el impacto podría alcanzar a unas 200.000 personas si tenemos en cuenta toda la actividad indirecta vinculada al sector.
Creemos que este impacto laboral no se valoró adecuadamente cuando se aprobó el Decreto ley. Detrás de cada vivienda turística hay trabajadores, autónomos y pequeñas empresas que han construido su actividad profesional alrededor de un sector perfectamente legal.
Tenemos el convencimiento de que el Decreto ley tendrá que acabar modificándose, porque a medida que se acerca 2028 se hacen más evidentes las consecuencias económicas, laborales y territoriales que puede conllevar.
¿Qué alternativa proponéis y qué pedís concretamente al Ayuntamiento de Lloret y a la Generalitat?
Al Ayuntamiento de Lloret le pedimos que proteja y dé estabilidad a las personas y empresas que trabajan en esta actividad. Los HUT forman parte del ecosistema turístico del municipio y generan actividad para muchos profesionales y negocios locales. Regular y exigir que la actividad se realice correctamente es perfectamente compatible con preservarla.
Al Gobierno de la Generalitat le pedimos valentía y que revise el Decreto ley con criterios económicos y sociales, más allá de los acuerdos políticos que determinaron su aprobación y mantenimiento.
Según Laporta: «Hay que abrir un diálogo real con el sector, incluyendo a los trabajadores, autónomos, pequeñas empresas y familias que dependen de él y que, hasta ahora, han estado prácticamente ausentes de este debate. El objetivo debería ser una regulación más flexible que permita a los municipios ordenar los HUT según su realidad, sin provocar la desaparición indiscriminada de actividades económicas y puestos de trabajo».
Según defiende: «Hay que dejar de señalar a los HUT como uno de los principales responsables del problema de acceso a la vivienda y abordar las causas estructurales que hay detrás. Considero que el peso de las viviendas de uso turístico sobre el conjunto del parque residencial es reducido y que su eliminación, por sí sola, no solucionaría el problema de la vivienda».
