El pleno ordinario del Ayuntamiento de Lloret de Mar celebrado el lunes 26 de octubre dejó una sesión cargada de decisiones con efectos directos sobre trabajadores municipales, impuestos, servicios públicos y futuros proyectos urbanísticos. El consistorio aprobó el acuerdo laboral para el periodo 2026-2031, pero minutos después rechazó la modificación del catálogo de puestos de trabajo que debía incorporar parte de las mejoras económicas previstas. También salieron adelante las ordenanzas fiscales de 2027, la gestión de la futura residencia municipal de mayores y una modificación urbanística que pretende limitar los nuevos helipuertos a emergencias, evacuaciones médicas y otros servicios de interés público.
La sesión volvió además a estar marcada por el conflicto con una parte de la Policía Local. Los sindicatos CSIF y SIP-FEPOL han anunciado que impugnarán el acuerdo laboral aprobado, mientras que la oposición volvió a pedir explicaciones sobre el funcionamiento del servicio y la evolución de las relaciones entre los agentes y el gobierno municipal.
El acuerdo laboral se aprueba y los sindicatos policiales anuncian que lo impugnarán
Uno de los puntos centrales fue la ratificación de las condiciones laborales comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento hasta 2031. La negociación había comenzado el 20 de marzo, cuando las organizaciones sindicales presentaron una propuesta conjunta, y durante los meses siguientes el consistorio elaboró hasta cinco planteamientos diferentes.
El gobierno defendió que el documento incorpora mejoras laborales y retributivas, especialmente para las categorías profesionales con salarios inferiores. Sin embargo, el acuerdo llegó al pleno sin el respaldo de todos los representantes sindicales y terminó aprobado con nueve votos a favor, siete abstenciones y tres en contra.
CSIF y SIP-FEPOL mantienen importantes discrepancias con el procedimiento y con las garantías económicas incluidas. Sus representantes, Òscar García y Gabriel Romero, sostienen que la mejora correspondiente a 2026 estaría garantizada, pero consideran que los incrementos posteriores quedan condicionados a los límites legales de la masa salarial.
También cuestionan que parte de las mejoras dependan de un futuro reglamento de productividad y de una valoración de los puestos de trabajo todavía pendiente. Los sindicatos aseguran que plantearon una fórmula alternativa mediante el complemento de productividad y sostienen que contaban con un informe jurídico externo que respaldaba esa posibilidad.
«Viciado desde el origen».
Así ha definido Òscar García el procedimiento. Tanto CSIF como SIP-FEPOL han anunciado su intención de impugnar el acuerdo. Esa posición corresponde a los sindicatos y no supone que exista actualmente una resolución judicial que declare irregular el proceso.
El pleno aprueba el acuerdo pero tumba el catálogo que debía aplicar parte de las mejoras
La situación más llamativa llegó inmediatamente después. El gobierno presentó la modificación del catálogo de puestos de trabajo de 2026, directamente relacionada con el acuerdo que acababa de recibir el visto bueno del pleno.
La propuesta incluía modificaciones retributivas como mejoras en el complemento de destino con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2026. El ejecutivo defendió que el cambio permitía trasladar a la estructura salarial algunas de las mejoras negociadas y priorizar a las categorías profesionales inferiores.
La modificación no consiguió los apoyos necesarios y fue rechazada por 12 votos en contra y nueve a favor. El resultado deja pendiente la formalización de parte de los cambios económicos que el gobierno pretendía aplicar.
El acuerdo laboral continúa aprobado, pero el Ayuntamiento deberá determinar ahora qué procedimiento seguirá para incorporar las modificaciones retributivas que dependían del catálogo y cómo se desarrollarán administrativamente los compromisos asumidos.
Las ordenanzas fiscales de 2027 salen adelante entre críticas de la oposición
El pleno aprobó también las ordenanzas fiscales para 2027. El concejal de Hacienda, Carlos Costa, defendió los cambios como una actualización necesaria para garantizar la financiación de los servicios municipales y utilizar la fiscalidad como una de las herramientas disponibles ante problemas como el acceso a la vivienda.
Uno de los principales debates estuvo relacionado con el IBI y las medidas aplicables a viviendas destinadas a determinados usos turísticos y a inmuebles residenciales que permanezcan permanentemente desocupados.
También se plantearon modificaciones para determinados inmuebles no residenciales de uso comercial, industrial, oficinas y hostelería. Durante la sesión se expuso un cambio del tipo de gravamen del 0,803 al 0,85 para propiedades que superen los correspondientes umbrales de valor catastral.
Parte de la oposición consideró que la medida podía incrementar la presión fiscal sobre negocios y empresas y reclamó que el Ayuntamiento revisara primero sus gastos y su nivel de ejecución presupuestaria. También surgieron dudas sobre la manera en que se determinará qué viviendas están realmente desocupadas y sobre los recursos necesarios para aplicar los recargos.
Después de debatir diferentes enmiendas, las ordenanzas fiscales quedaron aprobadas con 11 votos favorables, nueve en contra y una abstención, incorporando una propuesta de Sumem Lloret.
La sesión aprobó además provisionalmente la ordenanza correspondiente a la tasa de tratamiento de residuos de 2027. El gobierno explicó que el coste de los residuos no termina en su recogida y transporte, ya que posteriormente deben procesarse, valorizarse o eliminarse mediante instalaciones específicas.
La revisión también responde a la necesidad de adaptar la regulación después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relacionada con esta ordenanza. La propuesta recibió diez votos a favor y once abstenciones.
SUMAR asumirá la gestión de la futura residencia municipal
Otro de los acuerdos importantes afecta a la nueva residencia municipal de mayores y centro de día. El pleno aprobó encargar su gestión a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, una entidad de capital público especializada en servicios sociales.
La propuesta recibió 18 votos favorables y tres abstenciones y supone un nuevo paso administrativo hacia la puesta en funcionamiento del equipamiento.
Todavía quedan cuestiones relevantes por definir antes de su apertura. Entre ellas figuran las tarifas que deberán abonar los usuarios, las posibles bonificaciones, el número de plazas públicas que pueda financiar la Generalitat y las condiciones definitivas de prestación del servicio.
Durante el debate se habló también del posible papel de la Fundació Asil Nicolau Font, una entidad histórica del municipio cuya eventual colaboración económica fue planteada por algunos concejales.
La previsión económica del servicio generó igualmente discusión. Según cifras expuestas durante el pleno por la oposición, un informe de SUMAR reduce el déficit inicialmente estimado de 237.249,79 euros a 99.472,76 euros.
Algunos grupos expresaron dudas sobre si esa reducción podía implicar menos personal o prestaciones. El gobierno respondió que el centro se pondrá en marcha progresivamente mediante unidades de convivencia y que las contrataciones y los gastos se ajustarán al número real de residentes que se vayan incorporando.
Lloret quiere impedir helipuertos privados y reservarlos para emergencias
El pleno dio también un paso relevante en materia urbanística al aprobar inicialmente una modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal destinada a regular la implantación de helipuertos en Lloret de Mar.
El objetivo es evitar que en el futuro puedan instalarse infraestructuras destinadas al transporte privado o a actividades recreativas sin que exista una justificación vinculada al interés público. El gobierno argumentó que este tipo de instalaciones puede generar efectos acústicos, ambientales y de movilidad que deben tenerse en cuenta antes de permitir nuevos proyectos.
La regulación propuesta pretende que los futuros helipuertos queden reservados principalmente a emergencias, evacuaciones médicas, protección civil, salvamento y otros servicios esenciales.
La modificación afecta a diferentes artículos del planeamiento urbanístico y todavía deberá completar la correspondiente tramitación antes de quedar definitivamente aprobada.
Mientras se desarrolla este procedimiento, el Ayuntamiento contempla mantener suspendidas determinadas licencias y autorizaciones relacionadas con la implantación de nuevos helipuertos, evitando así que puedan tramitarse proyectos que entren en conflicto con el modelo que ahora se quiere establecer.
La propuesta recibió 11 votos a favor, siete abstenciones y tres votos en contra.
Nuevo plan contra los incendios forestales y más ayudas para rehabilitar fachadas
El Ayuntamiento abordó igualmente la actualización de su Plan de Prevención de Incendios Forestales. El anterior documento databa de diciembre de 2020 y el consistorio considera necesario revisar las actuaciones previstas y adaptarlas a las necesidades actuales.
En la elaboración del nuevo plan han participado el Consell Comarcal de la Selva, los servicios técnicos municipales y la ADF de Lloret. El documento pretende reforzar la prevención, mejorar el mantenimiento de caminos y la gestión de la vegetación y reducir el riesgo de propagación del fuego.
El pleno aprobó además definitivamente la modificación de las subvenciones municipales para la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo, las Tres Creus y el barrio de los Pescadors.
Uno de los principales cambios permitirá que determinados inmuebles utilizados como segundas residencias puedan acogerse también a las ayudas. El Ayuntamiento considera que ampliar los posibles beneficiarios puede favorecer nuevas actuaciones de conservación y contribuir a mejorar la imagen urbana de estos barrios.
Nuevos fondos para vivienda, deporte, servicios sociales y la residencia
Durante el apartado económico se comunicaron varias modificaciones presupuestarias. Entre ellas figuran 105.658 euros destinados a adquisición y adecuación de vivienda procedentes de dos subvenciones de la Diputación de Girona.
También se incorporan 65.000 euros para inversiones en la nueva residencia municipal y centro de día, igualmente procedentes de una ayuda de la Diputación.
En el ámbito deportivo se informó de una transferencia de 60.000 euros para entidades deportivas. La cantidad procede de una partida vinculada a un contrato de servicios de la piscina municipal que finalmente no había comenzado.
Bienestar y Familia recibe además 179.143 euros distribuidos entre diferentes partidas y relacionados con el contrato programa con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.
El Ayuntamiento incorporó asimismo 13.757 euros para adquirir material y utensilios destinados al aula gastronómica del Mercado Municipal.
Estas cantidades corresponden a movimientos e incorporaciones presupuestarias comunicadas durante el pleno y no significan necesariamente que las actuaciones relacionadas estén ya ejecutadas.
La Policía Local vuelve al debate y la oposición pregunta por servicios e infraestructuras
El turno final de ruegos y preguntas volvió a situar a la Policía Local en el centro del debate político. Diferentes grupos de la oposición pidieron explicaciones sobre la evolución del conflicto laboral y sobre las consecuencias que tendrán los acuerdos aprobados para el funcionamiento cotidiano del cuerpo.
La combinación de las dos votaciones laborales deja además un escenario todavía pendiente de aclarar. El pleno ha aprobado el marco general hasta 2031, los sindicatos CSIF y SIP-FEPOL anuncian una impugnación y el catálogo que debía incorporar parte de las mejoras económicas ha quedado rechazado.
La oposición planteó también preguntas sobre otros servicios y equipamientos del municipio. Entre ellas figuraron las obras de la estación de autobuses y sus problemas de goteras, las previsiones para entregar las llaves de viviendas municipales de la calle del Carme y los trabajos pendientes en la travesía dels Jardins.
Desde ERC se preguntó igualmente por la desaparición de la senyera de una rotonda y por el funcionamiento del contrato de comunicación relacionado con la Policía Local y las emergencias.
La sesión de octubre deja así aprobadas decisiones que marcarán los próximos meses en ámbitos muy diferentes, desde los impuestos y la residencia de mayores hasta la prevención de incendios y el futuro de posibles helipuertos. Al mismo tiempo, mantiene abiertos asuntos importantes como la aplicación definitiva de las mejoras laborales y el conflicto con parte de la representación sindical de la Policía Local.
Informa Lloret Gaceta.
