Según el comunicado que llega a través de la Agencia catalana de noticias, el crimen de la mujer hallada muerta en junio del 2013 dentro de un bidón enterrado en una finca de Lloret de Mar ha quedado impune. El juzgado, atendiendo a la petición del fiscal, ha archivado el caso después de que las autoridades de Argentina comunicaran que la tarotista investigada por asesinato y de los hechos ha fallecido.
Aparte de la vidente, el juzgado también investigaba a un vecino de la población, que fue propietario de los terrenos donde localizaron el cuerpo y que reconoció que se había encargado de ocultar el cadáver. El auto de archivo remarca que no se le puede juzgar de forma “independiente”: “Resulta imposible juzgarle en solitario”. La víctima era Ana María Martos, vecina de Sant Feliu de Llobregat desaparecida en 2004.
La familia de la víctima denunció su desaparición el 23 de febrero del 2004. Los padres llevaban más de un mes sin saber nada de su hija de 32 años y estaban preocupados. Sin embargo, las tareas de investigación no tuvieron éxito. No fue hasta nueve años después que apareció una primera pista sobre lo que le había ocurrido a Ana Maria Martos y fue a través de tres llamadas anónimas a una asociación de familiares de personas desaparecidas Inter-SOS. Las llamadas permitieron reabrir el caso porque dieron información precisa sobre dónde estaba el cuerpo de la víctima y, también, apuntó directamente a la implicación de los dos investigados.
La Policía Nacional encontró los restos de la víctima el 12 de junio del 2013. Estaba en un bidón lleno de cemento enterrado a una profundidad de cuatro metros en una finca ubicada en la calle Rafael Albertí de Lloret de Mar (Lloret Residencial). También detuvieron a un vecino de la población, que había sido propietario de los terrenos, y a una mujer en Argentina que la investigación situaba como la presunta autora material del crimen. Esta sospechosa, Norma Beatriz Kuike, ingresó en un centro penitenciario hasta su extradición al país en enero del 2015.
Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de instrucción 4 de Blanes decretó prisión sin fianza, una medida que la Audiencia de Girona modificó en febrero del 2015, dejándola en libertad si pagaba una fianza de 10.000 euros. Una vez libre, Kuike empezó cumpliendo con las comparecencias periódicas en el juzgado pero lo dejó de hacer a mediados de 2016, poco después de que el fiscal del caso, concretara la imputación contra ambos investigados por un delito de asesinato.
El fiscal apuntaba que ambos se pusieron de acuerdo para matar a la víctima. Según el relato de la acusación pública, alrededor del 20 de enero del 2004, llevaron a Ana Maria Martos hasta casa del investigado en Lloret de Mar. “Cuando se encontraban en el interior del garaje del inmueble, actuando de previo y común acuerdo, con intención de acabar con la vida de Ana Maria Martos, lanzando un ataque contra ella”, relataba.
Tras matarla, exponía el fiscal, el hombre siguió las instrucciones de la vidente, envolvió el cadáver de la víctima, lo metió en el bidón, lo llenó de cemento y, finalmente, lo enterró en la parcela donde lo encontraron nueve años después en la urbanización Lloret Residencial.
A raíz de la fuga de la investigada del país, el juzgado de instrucción dictó una orden internacional de búsqueda, detención y entrega contra la tarotista sospechosa de asesinato. En febrero del 2020, Interpol comunicó al juzgado que le habían localizado, de nuevo en Argentina. Entonces, el juzgado volvió a solicitar su extradición pero las autoridades argentinas lo rechazaron porque, según recoge el informe del fiscal, “no se encontraba en plenas facultades mentales por haberle diagnosticado un psicosíndrome orgánico cerebral”. Esto dejó las gestiones de extradición en suspenso hasta que informaron que la sospechosa había fallecido.
Tras el fallecimiento, el fiscal solicitó el archivo del caso para el otro investigado y así el juzgado lo acordó. El abogado argumenta que la muerte de la vidente hace imposible que los juzguen de forma conjunta y que la investigación no ha podido esclarecer si fueron los dos o sólo uno de ellos quien acabó con la vida de la víctima: “Esto provoca necesariamente el archivo de las actuaciones por no haber quedado debidamente acreditada la autoría de los hechos.
Una decisión que deja sin resolver en una declaración de hechos probados lo que le ocurrió a Ana María Martos, con las consecuencias que el ministerio fiscal entiende que tendrá para la familia de la víctima, pero es la única solución jurídica adecuada en derecho. Además, el fiscal también añade que, en caso de que aparezca alguna pista nueva en un futuro, como ocurrió con los anónimos, se podría reabrir la causa.
La defensa del vecino de Lloret de Mar, encabezada por el letrado Carles Monguilod, recordó que el investigado admitió que se había encargado de enterrar el cuerpo de la víctima siguiendo las órdenes de la vidente porque le tenía “miedo” pero negó haber tenido nada que ver con el crimen: “La responsabilidad penal que podía acreditarse habría sido, en todo caso, un encubrimiento y eso ya estaría prescrito”.
Monguilod recuerda que la investigación no ha podido acreditar la autoría de la muerte y subraya que, de hecho, la autopsia tampoco pudo determinar que se tratara de una muerte violenta. “La autopsia señala que no se podía saber de qué había muerto, algo que no descartaría que fuera una muerte natural. Con todo este panorama, se entendió que la fiscalía actuó con buen criterio decidiendo no ir a juicio y el tribunal popular cometió un error, porque no existe prueba de cargo para una condena por homicidio o asesinato”.
El informe del fiscal expone que aunque la causa de la muerte es “indeterminada”, el conjunto de circunstancias que rodean el caso apuntarían a un crimen: “Queda descartada una muerte por arma blanca, arma de fuego, traumatismos contundentes, quemaduras , explosión, precipitación o atropello. Pero no se descarta como causa de la muerte asfixia, por inhibición, por intoxicación o incluso por causas naturales”. Sin embargo, remarca que el hecho de que enterraran el cuerpo y los movimientos económicos que la víctima hizo poco antes de desaparecer son, como mínimo, indicios sospechosos que descartarían la muerte natural.
En este punto, el fiscal sostiene que detrás de la desaparición de la mujer podía haber un móvil económico porque durante el último semestre del 2003 la vecina de Sant Feliu de Llobregat empezó a deshacerse de su patrimonio “de forma escandalosa” hasta acumular 110.500 euros en préstamos y venta de patrimonio. Además, el 20 de enero de 2004 vendió su casa por un importe de 320.000 euros: “Desde entonces, nadie más la vió viva”. “El destino de ese dinero se desconoce de forma absoluta” concluye el fiscal.
