Lloret de Mar es, hoy, la única ciudad catalana de más de 40.000 habitantes sin autovía ni tren. Recibimos 1,17 millones de turistas y acumulamos 5,1 millones de pernoctaciones al año, pero nos conectamos con el mundo por un solo carril por sentido: la GI-682, donde los fines de semana de agosto llegan a circular más de 30.000 vehículos diarios. Los vecinos de Lloret vemos cómo esta anomalía frena a la ciudad desde hace años y ha llegado el momento de decir basta.
El 31 de julio, el Departamento de Territorio licitó un nuevo estudio informativo y de impacto ambiental para prolongar la C-32 desde Tordera hasta Lloret, con una inversión calculada de unos 110 millones de euros. Es la tercera vez que la Generalitat lo intenta en diez años: el proyecto de 2018 quedó paralizado por el TSJC en 2019 y fue anulado definitivamente en 2022.
El proyecto de 2018 cayó por insuficiencias ambientales; en 2020 ya se reformó con garantías adicionales, y el tercer intento, ahora en marcha, debería incorporar todavía más. Hay que hacer la ampliación con el máximo respeto por el entorno, y todo indica que será así.
Y, sin embargo, ya sabemos qué pasará: las mismas cuatro voces volverán a salir en contra, sean cuales sean las garantías que se incorporen. Lo hemos visto en La Garrotxa con la variante de Les Preses, cuestionada a pesar de que el túnel de Bracons, situado al lado, ya ha demostrado sus beneficios. Bajo la capa de la pureza ambiental, a menudo hay una visión decrecentista que la inmensa mayoría de los vecinos de Lloret no compartimos. Gritan mucho, pero son pocos, y no deberíamos dejar que decidan el futuro de una ciudad de 40.000 habitantes.
Porque aquí está la cuestión de fondo: la ampliación de la C-32 no es una obra viaria más. Es la decisión de infraestructura más importante que se tomará en Lloret y en la Selva Marítima durante los próximos cincuenta años, y determinará si continuamos siendo un municipio turístico periférico o nos convertimos en el nodo económico que geográficamente nos corresponde.
Este futuro no puede hacerlo Lloret por sí solo. Junto con Blanes, Malgrat, Tordera, Palafolls, Vidreres y Tossa, formamos un área de interés económico con suficiente masa crítica para tener peso en la Cataluña que viene, pero que hoy funciona sin articulación. Lloret, el municipio con mayor volumen turístico y capacidad empresarial, tiene la obligación de liderar este proceso. Y liderarlo significa poner sobre la mesa la infraestructura que debe articularlo: la C-32.
La prolongación que ahora se estudia —hasta Lloret, con enlace a la C-63— es imprescindible, pero insuficiente. Resuelve el atasco de hoy; no transforma la ciudad. Por eso hay que pensar ya en la segunda fase, un argumento ausente del debate actual: allí donde termine el nuevo tramo, hace falta una variante que dé acceso directo a la carretera de Tossa. Esta pieza permitiría sacar del centro de Lloret el tráfico de paso que hoy satura las avenidas Vila de Blanes y Vila de Tossa, y abriría la puerta a convertirlas en un eje cívico, con espacio para los peatones, el comercio y un carril de transporte público hoy inviable. Es el tipo de decisión que, tomada ahora, condiciona positivamente los próximos cincuenta años de la ciudad.
Hay que decirlo claro: Lloret necesita ambición, no solo carreteras. Llevamos décadas viviendo casi exclusivamente del sol y playa de bajo coste, un modelo que nos ha dado trabajo, pero que también nos ha hecho vulnerables. Toca hacerlo evolucionar hacia una economía de mayor valor añadido —hostelería de calidad, eventos, salud, formación, servicios avanzados— que hoy eligen otros municipios porque están mejor conectados. Tenemos la masa crítica, la capacidad y la voluntad empresarial para liderar este cambio. Lo que nos ha faltado siempre es la infraestructura que lo hiciera posible.
Es evidente que Lloret necesita más que la C-32 para cambiar de modelo económico. Pero es aún más evidente que, sin la C-32 —y sin la variante hasta Tossa que debe completarla—, este cambio es imposible. La primera fase resuelve el problema de hoy; la segunda es la oportunidad de crecer bien durante los próximos cincuenta años. Lloret tiene la obligación de reclamar ambas, ahora, mientras todavía estamos a tiempo.
Lo peor que puede pasar es que se escuche a cuperos y ecologistas estos viven todavia en la epoca medieval si por ellos fuera iriamos todos con calzado de esparto
son dos colectivos que ni viven ni dejan vivir
espero que la prolongacion siga adelante !!