Nuevo movimiento alrededor de uno de los conflictos más largos y polémicos del litoral de Lloret de Mar. Las entidades SOS Costa Brava y SOS Lloret han presentado alegaciones contra el nuevo convenio urbanístico impulsado entre el Ayuntamiento de Lloret y la mercantil Flinder Data SL para definir el futuro trazado del Camí de Ronda de Can Juncadella, entre Cala Morisca y Cala Canyelles. Las plataformas consideran que el acuerdo supone una nueva maniobra para seguir retrasando la reapertura de un camino público que lleva más de 17 años cerrado.
Las entidades sostienen que el convenio “es contrario a derecho” porque, según denuncian, no garantiza la ejecución inmediata de las sentencias judiciales firmes que reconocen el carácter público del camino y obligan a recuperar el uso ciudadano del tramo afectado. Además, alertan de que el nuevo acuerdo podría traducirse en más trámites, nuevos estudios y plazos indefinidos que seguirían alargando el conflicto durante años.
Críticas a nuevos retrasos y trámites urbanísticos
En las alegaciones presentadas, SOS Costa Brava y SOS Lloret recuerdan que tanto el Juzgado de Blanes como la Audiencia Provincial de Girona y posteriormente el TSJC ya confirmaron que el tramo afectado corresponde a un camino público de titularidad municipal y de uso histórico. A pesar de ello, denuncian que el acceso continúa restringido y que las resoluciones judiciales todavía no se han ejecutado dentro de los plazos legales establecidos.
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Las entidades critican especialmente que el nuevo convenio introduzca ahora planes especiales, estudios ambientales y nuevos procedimientos urbanísticos que, en la práctica, supondrían otra dilación del cumplimiento de la sentencia. También consideran preocupante que buena parte de la iniciativa y del control del proceso vuelva a recaer sobre la propiedad privada, recordando además que ya existió un convenio urbanístico firmado en 2009 que, según indican, acabó incumpliéndose.
“Una sentencia pendiente desde hace años”
Otro de los puntos que denuncian las plataformas es que el texto del convenio no fija ningún plazo concreto para ejecutar el nuevo trazado del Camí de Ronda. Además, remarcan que el Ayuntamiento renunciaría temporalmente a ejercer acciones reivindicatorias sobre parte del recorrido actual mientras se tramita el nuevo acuerdo urbanístico.
Para SOS Costa Brava y SOS Lloret, esta situación supone una “renuncia implícita” a defender plenamente el dominio público y una vulneración del deber de ejecutar las resoluciones judiciales firmes. Las entidades recuerdan que una sentencia que legalmente debería haberse ejecutado en un máximo de dos meses acumula ya más de tres años pendiente de ejecución forzosa, después de casi dos décadas con el paso cerrado.
El caso se integra dentro de la campaña “Camins Lliures”
SOS Costa Brava ha vinculado este conflicto con la campaña Camins Lliures, una iniciativa impulsada para diagnosticar, vigilar y denunciar la degradación, ocupación o cierre ilegal de caminos históricos y caminos de ronda de la Costa Brava. La federación considera que la defensa de estos espacios públicos es fundamental para garantizar el acceso ciudadano al litoral y preservar un patrimonio colectivo cada vez más presionado por la urbanización y la privatización del territorio.
Dentro de esta campaña, varias entidades y personas voluntarias ya han empezado a “apadrinar” distintos tramos de caminos de ronda y espacios litorales para documentar su estado y detectar posibles irregularidades. La red ciudadana, según explican, seguirá ampliándose durante los próximos meses con el objetivo de ejercer presión social y mantener vigilancia sobre posibles cierres o limitaciones de acceso.
Las entidades exigen la reapertura inmediata
Tanto SOS Costa Brava como SOS Lloret insisten en que la recuperación del Camí de Ronda de Can Juncadella no puede depender de “convenios indefinidos” ni de nuevas negociaciones urbanísticas. Las plataformas defienden que la única solución válida pasa por el cumplimiento inmediato de las sentencias judiciales y por una defensa efectiva del dominio público litoral.
El caso de Can Juncadella sigue siendo uno de los ejemplos más simbólicos de la tensión existente entre el acceso público al litoral y la presión urbanística en la Costa Brava, un debate que continúa generando enfrentamientos políticos, judiciales y vecinales después de muchos años.
