El pleno municipal celebrado este lunes en Lloret de Mar dejó una sesión marcada por el debate político y por una agenda con importantes decisiones económicas, urbanísticas y de servicios públicos. Dos de los asuntos que figuraban inicialmente en la convocatoria oficial del Ayuntamiento acabaron fuera de la sesión antes de llegar a votarse, mientras el resto del pleno permitió avanzar en actuaciones relacionadas con los centros educativos, el alcantarillado, la gestión de espacios naturales, el Camí de Ronda y diferentes inversiones municipales.
La ordenanza de Transparencia vuelve a quedar pendiente
La aprobación inicial de la nueva Ordenanza de Transparencia y Administración Digital no llegó a debatirse después de que el alcalde, Adrià Lamelas, decidiera retirar el punto. El motivo expuesto por el alcalde fue una enmienda presentada por ERC al inicio de la sesión que, según señaló, no había podido estudiar previamente. «A mí la enmienda se me ha presentado al inicio del pleno. No he tenido tiempo ni de pensarla ni de verla, solo me quedaba improvisar», argumentó antes de defender la retirada.
La decisión provocó críticas desde la oposición, especialmente porque la tramitación de la ordenanza ya había quedado pendiente en una sesión anterior. El concejal de ERC Jordi Fernández cuestionó que no se permitiera abordar el asunto y vinculó el debate con la falta de un reglamento municipal de comunicación. «No se puede censurar el diálogo de la oposición y pretender que queremos sacar adelante una ordenanza de transparencia», afirmó. Tots per Lloret también expresó su desacuerdo con la gestión del punto, mientras desde el gobierno se defendió la separación entre la comunicación institucional del Ayuntamiento y las cuentas personales de los cargos electos. Lamelas sostuvo que «las redes sociales del Ayuntamiento son institucionales, aquí no hacemos propaganda».
Las dudas sobre el coste y la gestión frenan el cambio urbanístico de Lloret Blau
La segunda retirada afectó a la modificación puntual del POUM correspondiente al PAU 21 Lloret Blau. El planteamiento propone sustituir el actual sistema de reparcelación por compensación básica por uno de cooperación. Con este modelo, el Ayuntamiento asumiría la dirección del proceso urbanístico y los costes correspondientes se repercutirían posteriormente entre los propietarios mediante las cuotas que se determinen.
Durante el debate, Lloret en Comú reclamó información sobre el coste global de las actuaciones necesarias para implantar la red de alcantarillado, la cantidad que podría corresponder a cada parcela y las posibles facilidades de pago para las familias con dificultades económicas. Otros grupos compartieron la necesidad de solucionar los problemas de saneamiento y regularización de la urbanización, pero cuestionaron que el proceso hubiera llegado al pleno sin una mayor interlocución previa con los residentes y la entidad de conservación.
Desde Urbanismo se explicó que todavía no puede establecerse una cifra individual porque primero es necesario desarrollar los trabajos técnicos y la reparcelación. «Si no iniciamos, si no empezamos a hacer el proyecto y la reparcelación, no sabemos qué tiene que pagar cada parcela. Yo no le puedo decir al vecino qué pagará porque no lo sabemos si no lo sacamos adelante», señaló la responsable del área. El gobierno recordó además que el problema se arrastra desde 2007, con un intento anterior de avanzar en 2017, y defendió la necesidad de intervenir tanto por cuestiones de salubridad como por las limitaciones que la situación urbanística genera en la concesión de licencias.
Más recursos para colegios, alcantarillado y servicios municipales
El apartado económico dejó varias incorporaciones al presupuesto. La cantidad más elevada corresponde a 501.200 euros procedentes del programa RAM de la Generalitat para reformas y mejoras en centros educativos. SUMEM Lloret llevó además al pleno una moción para orientar estos recursos hacia actuaciones de eficiencia energética y climatización en los colegios públicos.
Las modificaciones presupuestarias incorporan también 229.962 euros para intervenir en tramos deteriorados del alcantarillado del núcleo urbano, 60.500 euros para vehículos municipales, 35.000 euros para sustituir una segadora de 2012 por un nuevo tractor para parques y jardines y 31.000 euros adicionales destinados a la Policía Local. A estas cantidades se añaden recursos para alumbrado público, promoción de la salud, bienestar y familia, mantenimiento educativo, recursos humanos, teatro y conservación del archivo.
El área de comunicación contará con 20.000 euros para servicios y grabación de cuñas y otros 10.000 euros para equipamiento, mientras que se incorporan 30.000 euros destinados a gastos jurídicos vinculados a la licitación del servicio de defensa jurídica municipal. Dentro del Pla de Barris aparecen además 2.300 euros relacionados con la adquisición de la antigua Bodega Caracol, situada entre Travessera de Sant Carles y carrer del Carme. El pleno aprobó también el acuerdo para expropiar terrenos en el entorno de Costa de la Fàbrica, Fàbrica y Migdia con el objetivo de incorporarlos al patrimonio municipal como zona verde. Lloret en Comú aprovechó este punto para reclamar mayor intervención pública ante las dificultades de acceso a la vivienda y los precios del alquiler.
Nuevo consorcio ambiental
La sesión dio luz verde al proceso de disolución del antiguo Consorci d’Ardenya-Cadiretes y a la incorporación de Lloret al futuro Consorci de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes, con efectos previstos a partir del 1 de enero de 2027. Según los datos expuestos en el pleno, el municipio tiene más de 92 hectáreas terrestres del espacio protegido del Massís d’Ardenya-Cadiretes y la nueva estructura supramunicipal contará con un presupuesto aproximado de 1,018 millones de euros. El gobierno defendió la adhesión como una fórmula para mejorar la gestión ambiental, acceder a recursos y reforzar la prevención de incendios. Lloret en Comú pidió avanzar también en una mayor protección mediante el PEIN y Tots per Lloret reclamó reforzar los trabajos preventivos y reconocer la labor de los bomberos voluntarios.
El eterno acuerdo para el Camí de Ronda encallado
El convenio urbanístico impulsado por el alcalde Adrià Lamelas y el PSC para avanzar en el futuro camino de ronda de Can Juncadella, entre Cala Morisca y Cala Canyelles, no ha salido adelante en el Pleno de Lloret de Mar, después de que VOX, Sumem Lloret, ERC, Comuns, Tots per Lloret y Junts Lloret votaran en contra. Junts Lloret y Tots per Lloret defienden que su rechazo no supone oponerse al camino de ronda, sino que consideran que el convenio propuesto no ofrece garantías suficientes de que el trazado pueda ejecutarse y acabar abierto al público. El proyecto todavía debe superar diferentes pasos administrativos, entre ellos la tramitación del Plan especial urbanístico, la correspondiente evaluación ambiental y la aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona. Además, el propio convenio contempla que, si alguna parte del trazado resulta inviable, el Ayuntamiento y la propiedad deberán buscar una alternativa y, si no alcanzan un acuerdo, incluso se podría solicitar la resolución del convenio. Ante esta situación, ambos grupos municipales proponen invertir el orden de actuación: primero completar la tramitación urbanística y ambiental y demostrar que el proyecto es viable y, posteriormente, aprobar un convenio que garantice su ejecución con plazos, obligaciones y garantías económicas concretas. También advierten de que el acuerdo implica compromisos relevantes para el Ayuntamiento, como modificaciones del inventario municipal de bienes, operaciones de permuta y cambios en la afectación del dominio público, además de asumir en el futuro la conservación, mantenimiento y gestión del camino. Su posición se resume en una idea: el objetivo no debe ser simplemente firmar un convenio, sino conseguir que el camino de ronda se construya y quede finalmente abierto al público.
La limpieza vuelve a enfrentar a los grupos por el futuro contrato
El pleno aprobó la revisión económica del servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. El Ayuntamiento situó en un 2,125% la actualización de determinados costes operativos, aunque la amortización de parte de los vehículos y maquinaria modifica el resultado final de la liquidación. Según las cifras presentadas durante la sesión, la concesionaria deberá ingresar 12.900 euros al consistorio por la regularización y otros 8.600 euros correspondientes a los primeros ocho meses de 2026. Para el tratamiento de residuos se fijó un precio de 72,87 euros por tonelada.
La discusión se trasladó después al futuro contrato del servicio. SUMEM Lloret recordó que la última reunión específica se celebró el 11 de noviembre de 2025 y reclamó avances después de meses sin conocer el documento definitivo. Tots per Lloret y Junts plantearon también críticas por la demora. El ejecutivo respondió que los técnicos siguen incorporando las aportaciones realizadas durante el proceso y que se encuentra pendiente de documentación externa antes de cerrar un modelo sobre el que buscar consenso y preparar posteriormente la licitación.
