La compraventa de coches se ha convertido en una auténtica pesadilla para decenas de personas que confiaron sus vehículos a un concesionario de Tordera. Los Mossos d’Esquadra investigan al propietario de FS Cars por una presunta trama de estafas que podría alcanzar los 600.000 euros y acumula ya alrededor de 50 denuncias. Según los testimonios de los afectados, el establecimiento recibía vehículos para venderlos, formalizaba contratos con sus propietarios y, una vez realizada la operación, no entregaba el dinero acordado o solamente abonaba una parte. En algunos casos, los coches incluso habrían cambiado de propietario sin que sus antiguos dueños hubieran cobrado lo que les correspondía.
El caso también tiene afectados vinculados a Lloret de Mar y alrededores. Una vecina del municipio, Vanessa, denuncia que entregó su Smart para venderlo por 8.000 euros y que, meses después, todavía reclama 3.500 euros que no ha conseguido recuperar. Otro afectado, Jero, relata una situación similar tras dejar su Volkswagen Golf en el mismo establecimiento, con una cantidad pendiente de 23.300 euros según el acuerdo de venta que asegura haber firmado. Ambos testimonios reflejan las dificultades que han vivido algunas de las personas que confiaron sus vehículos al concesionario.
El establecimiento investigado es FS Cars, situado en el número 187 del Camí Ral de Tordera. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a su propietario el pasado 7 de octubre en Olot (Girona), acusado de un presunto delito de estafa. La investigación está en manos de la Unitat d’Investigació de la comisaría de Arenys de Mar y la policía catalana no descarta que aparezcan nuevas víctimas en los próximos días.
Vanessa, vecina de Lloret, entregó su Smart por 8.000 euros y todavía reclama 3.500
Una de las historias que pone rostro a esta investigación es la de Vanessa, vecina de Lloret de Mar, que ha decidido contar públicamente lo que le ocurrió para advertir a otras personas. A finales de febrero acudió a FS Cars para vender su Smart. Según explica, ambas partes acordaron un precio de 8.000 euros y firmaron el correspondiente contrato. El responsable del establecimiento le aseguró que realizaría la transferencia bancaria unos diez días después, una vez comprobado que el cambio de titularidad se había completado correctamente.
Vanessa decidió confiar en el comprador. No era un negocio desconocido para su familia, ya que su suegro había vendido anteriormente una furgoneta en el mismo establecimiento y había cobrado sin problemas. Además, el concesionario tenía vehículos expuestos, página web y anuncios de venta, por lo que, según relata, no tenía motivos para sospechar que acabaría teniendo dificultades para cobrar. Sin embargo, los diez días previstos se convirtieron en dos semanas y después en tres, sin que el ingreso llegara a su cuenta.
La preocupación aumentó cuando ella y su pareja consultaron la situación del vehículo en la Dirección General de Tráfico y descubrieron que el Smart ya no estaba a su nombre. Cuando intentaron recuperarlo, recibieron otra noticia: el coche ya había sido vendido. Vanessa se encontraba sin su vehículo y sin los 8.000 euros que había acordado recibir. A partir de entonces comenzaron meses de llamadas, mensajes y reclamaciones para intentar recuperar el dinero.
Después de aproximadamente tres meses consiguió cobrar los primeros 3.000 euros. Más adelante, con la intervención de profesionales jurídicos, intentaron alcanzar un acuerdo para que el establecimiento abonara el resto mediante pagos de 500 euros. Llegaron a preparar un documento para formalizar el compromiso, pero finalmente no se firmó. Pese a ello, Vanessa consiguió recibir otros 1.500 euros. El resultado es que, de los 8.000 euros pactados, solo ha recuperado 4.500 y todavía reclama los 3.500 restantes.
La afectada explica que conserva conversaciones y mensajes relacionados con las reclamaciones y los pagos pendientes. También asegura que la situación le ha provocado un importante desgaste personal y económico. Había vendido el coche contando con ese dinero para comprar otro vehículo y, en cambio, tuvo que dedicar meses a realizar gestiones y buscar asesoramiento jurídico, que le ha supuesto un gasto aproximado de entre 500 y 600 euros.
Además, Vanessa asegura que no es la única persona de su entorno que ha tenido problemas con el establecimiento. Su cuñada había realizado una operación similar aproximadamente un mes antes y también habría tenido dificultades para cobrar el dinero acordado. Por este motivo, ambas han decidido acudir a la justicia y presentar una demanda civil conjunta para reclamar las cantidades pendientes y que se aclaren las responsabilidades correspondientes.
Vanessa insiste en que su intención al hacer pública su experiencia no es adelantar conclusiones, sino recuperar el dinero que considera que le corresponde y evitar que otras personas puedan pasar por una situación parecida. Su recomendación es clara: comprobar que se ha recibido el importe acordado antes de entregar el vehículo y autorizar el cambio de titularidad, además de dejar por escrito todas las condiciones de la operación.
Jero reclama 23.300 euros por la venta de su Volkswagen Golf
Otro afectado es Jero, que en enero de 2026 llevó su Volkswagen Golf al concesionario con la intención de venderlo. Según su relato, firmó un contrato de gestión de venta que establecía las condiciones de la operación y el compromiso del establecimiento de mantenerle informado sobre el proceso. Durante varios meses recibió comunicaciones en las que le indicaban que todavía no había compradores interesados.
La situación cambió en abril, cuando el propietario le comunicó que el vehículo se había vendido y que la documentación ya estaba tramitada. Ambas partes habían acordado que Jero recibiría 23.300 euros una vez descontados los honorarios del establecimiento. Sin embargo, el dinero no llegó en la cantidad esperada. A finales de mayo recibió una transferencia de aproximadamente 3.000 euros y, al reclamar el resto, asegura que comenzó a recibir excusas.
Además, meses después recibió dos multas en su domicilio relacionadas con el Volkswagen Golf, pese a que ya no tenía el vehículo. Jero consiguió contactar con el nuevo propietario y, según explica, descubrió que el coche se había vendido en febrero, dos meses antes de que el concesionario le comunicara la operación. También comprobó que, según denuncia, la documentación no se había gestionado como le habían asegurado.
Un reconocimiento de deuda que tampoco se habría cumplido
En julio, Jero y el propietario del concesionario firmaron un reconocimiento de deuda en el que este último se comprometía a realizar pagos periódicos hasta completar los 23.300 euros. Según el afectado, recibió algunos ingresos, pero por cantidades inferiores a las acordadas. Finalmente, en septiembre, el responsable dejó de responder a sus llamadas y mensajes, una situación que le llevó a presentar una denuncia ante los Mossos d’Esquadra.
Los Mossos investigan 50 denuncias y no descartan más afectados
Los dos testimonios reflejan algunas de las situaciones que se están investigando. Según la información conocida sobre el caso, el presunto modus operandi consistiría en recibir vehículos para su venta, formalizar contratos con sus propietarios y no entregarles posteriormente el dinero acordado, o hacerlo solo parcialmente.
Por ahora, los Mossos tienen contabilizadas unas 50 denuncias, con un importe global que ronda los 600.000 euros. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. Mientras tanto, Vanessa y Jero esperan recuperar las cantidades que aseguran que todavía se les deben. Sus testimonios también ponen sobre la mesa una advertencia para quienes tengan previsto vender su vehículo: comprobar que el dinero se ha recibido antes de entregar el coche y formalizar el cambio de titularidad.
