Sánchez ordena a Airbnb y Booking retirar miles de pisos turísticos ilegales: Lloret, la segunda localidad con más casos en Catalunya

- La localidad de la Costa Brava se sitúa entre las más afectadas por la retirada masiva de anuncios de alojamientos irregulares ordenada a plataformas como Airbnb o Booking.
Un golpe contra los pisos ilegales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo 14 de agosto la detección de más de 53.000 pisos turísticos ilegales en toda España, que deberán ser eliminados de los portales digitales de alquiler vacacional. En Catalunya la cifra asciende a 7.729 alojamientos, según datos de la Delegación del Gobierno.
Plataformas como Airbnb, Booking y Rentalia han recibido la orden de retirar los anuncios de aquellos inmuebles que no cuentan con número de registro válido desde el 1 de julio, requisito obligatorio para operar de forma legal. La medida busca poner freno a los abusos y garantizar el acceso a una vivienda digna, tal y como subrayó el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Lloret de Mar, segunda ciudad catalana más afectada
En el desglose por provincias, Girona encabeza la lista con 3.149 pisos irregulares. Dentro de ella, Lloret de Mar aparece con 517 anuncios ilegales, situándose como la segunda ciudad catalana más afectada, solo por detrás de Barcelona capital (1.564). Tras Lloret figuran Salou (453), Roses (402) y Sitges (332).
La situación refuerza la presión que ya sufre la población local, donde la expansión del alquiler turístico sin control ha impactado de lleno en la disponibilidad y el precio de la vivienda habitual.
Un cambio de rumbo en la política de vivienda
Desde el pasado 1 de enero, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha recibido 336.497 solicitudes de registro, de las cuales casi el 79% correspondían a pisos turísticos. Las más de 53.000 revocadas suponen un 20,3% del total, que ahora deberán pasar al mercado residencial o dejar de operar.
El Gobierno insiste en que no se trata de una medida contra el turismo, sino de un esfuerzo para frenar la proliferación de alojamientos ilegales que expulsan a los residentes de sus barrios. Para muchos municipios como Lloret de Mar, el reto es clave: compatibilizar la actividad turística con el derecho a una vivienda asequible para sus vecinos.