Una ley española de hace 20 años, asfixia las arcas de Lloret y los grandes municipios turísticos
España bate récords turísticos año tras año, pero los grandes destinos de sol y playa viven una paradoja: cuanto más éxito tienen como destinos internacionales, más se tensionan sus presupuestos y servicios. Municipios como Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos soportan un flujo masivo de visitantes, pero con financiación estatal insuficiente.
Presión turística vs. financiación municipal
Los ocho grandes destinos españoles de sol y playa gestionan más del 41% de los viajeros del país y el 35,4% de la oferta hotelera y de apartamentos, pero operan con un presupuesto medio un 20,6% inferior al de otros ayuntamientos. Según un informe de Exceltur, en temporada alta la población real puede duplicarse o triplicarse, aumentando la demanda de limpieza, seguridad, movilidad, mantenimiento urbano y gestión ambiental. Sin embargo, la inversión media anual apenas alcanza los 8,9 millones de euros.
Reivindicaciones de la Alianza de Municipios Turísticos
La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), que incluye a: Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos, reclama ampliar los criterios para ser considerados municipios turísticos. La normativa vigente, la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 2004, solo reconoce municipios no capitales con entre 20.000 y 75.000 habitantes y más viviendas de segunda residencia que principales. Hoy, solo Salou cumple esos requisitos, mientras que la mayoría de la Alianza queda excluida de financiación adicional estatal.
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Para paliar esta situación, la AMT propone reconocer como municipios turísticos aquellos no capitales con entre 10.000 y 100.000 habitantes que cumplan al menos una de estas condiciones: superar los cuatro millones de pernoctaciones anuales, tener más plazas turísticas que el 50% de la población censada o contar con más segundas residencias que viviendas habituales. Con esta modificación, el número de municipios reconocidos pasaría de 14 a 53.
El coste del turismo masivo
Los ayuntamientos alertan de que el crecimiento constante de visitantes obliga a reforzar servicios básicos con recursos propios. En Arona, por ejemplo, el gasto anual en limpieza y recogida de residuos alcanza 14 millones de euros, de los cuales el 40% se debe al aumento poblacional derivado del turismo. Calvià calcula que un reconocimiento legal específico le permitiría ahorrar hasta 10 millones de euros al año, un 7% de su presupuesto.
El problema de fondo es estructural: el sistema de financiación local toma como referencia la población empadronada, no la población efectiva que utiliza diariamente los servicios públicos. Más turistas implican más recogida de residuos, más seguridad, más transporte y mayor presión sobre el espacio público, pero estos millones de visitantes no computan a efectos presupuestarios.
Debate sobre tasas y sostenibilidad
Mientras la Alianza busca más recursos, movimientos ecologistas apuntan a la necesidad de controlar el crecimiento turístico y evaluar la capacidad de carga de cada territorio. Se propone, por ejemplo, implantar una tasa turística finalista, similar a la de Baleares o Cataluña, cuya recaudación se destine exclusivamente a mitigar el impacto social y ambiental del turismo. La discusión va más allá de lo económico: se trata de equilibrar rentabilidad y sostenibilidad, y evitar que el turismo masivo comprometa la calidad de vida de los residentes.
La reforma pendiente
La actualización de la definición legal de municipio turístico forma parte de la Estrategia Sostenible de Turismo 2030, pero aún está pendiente de desarrollo legislativo. Redefinir qué municipios son turísticos implica redistribuir recursos y reconocer que el éxito turístico tiene un coste estructural que alguien debe financiar. La decisión marcará la próxima década para los destinos costeros más populares de España.
